La deforestación en tierras indígenas provocó la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono

La deforestación en tierras indígenas (TI) en la Amazonia brasileña provocó la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) entre los años 2013 y 2021, lo que alteró en dichas áreas el papel en el denominado “secuestro de carbono” que ejerce la selva. De ese total, el 59 % se emitió durante los últimos tres años analizados (2019-2021), cuando se registró una intensificación de la devastación.

Estos datos constituyen el resultado de una investigación encabezada por científicos brasileños y se publicaron en la revista Scientific Reports. Los investigadores demuestran en ese trabajo que el desmonte en las TI abarcó un área de 1.708 kilómetros cuadrados (km²), lo que equivale al 2,38 % de la deforestación total de la Amazonia brasileña durante el referido período. En 232 TI analizadas, el índice de devastación fue en promedio de 35 km² anuales, lo que representa un aumento del 129 % entre 2013 y 2021. Al considerarse únicamente los últimos tres años, el incremento fue del 195 %.

Asimismo, el estudio muestra otra información preocupante: la tala de la selva se ubica un 30 % más alejada de las fronteras en dirección al interior de las tierras indígenas, al internarse 8,87 km al año aquende sus bordes.

“En cifras absolutas, el área devastada en las TI puede parecer escasa, pero como se trata de una zona destinada a la protección ambiental, la magnitud del impacto es mucho mayor. Aparte de la pérdida selvática, el desmonte también constituye un vector de otros problemas hacia el interior de esas áreas, tales como el avance de las enfermedades y las amenazas a la supervivencia de los indígenas aislados. Un caso reciente es el del pueblo Yanomami: se registraron diversas muertes de indígenas tras la entrada de los garimpeiros”, le dice a Agência FAPESP Celso H. L. Silva-Junior, profesor permanente del Programa de Posgrado en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Federal de Maranhão (UFMA) y primer autor del artículo.

Consideradas como un modelo eficiente de preservación de la selva, las TI han venido padeciendo presiones en aumento, con la expansión de la actividad ilegal de los garimpeiros. Debido al avance de la devastación –inducida por recientes reveses ambientales, como el debilitamiento de la gobernanza y la disminución de la protección y de los derechos de los pueblos–, las tierras indígenas pueden por ello revertir el papel vital de las áreas protegidas en el combate contra el cambio climático y en el mantenimiento de la selva en pie.

Las selvas tropicales como la amazónica constituyen uno de los ecosistemas más importantes en la mitigación del cambio climático. Pero pueden funcionar como una vía de doble mano, al absorber carbono mientras crecen y se mantienen y liberar los gases cuando se degradan o como resultado de la deforestación; de allí la importancia de su conservación y de las políticas de combate contra el desmonte, entre otras acciones.

“Debemos recordar que las TI son fundamentales para que Brasil logre cumplir las metas ambientales tendientes a disminuir los impactos de los cambios climáticos. Su preservación es esencial. Es necesario forzar el cumplimiento de las leyes para que esas áreas mantengan su rol como una especie de escudo de la selva en pie y de los pueblos tradicionales que allí viven”, añade el investigador Guilherme Mataveli, de la División de Observación de la Tierra y Geoinformática (DIOTG) del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil, becario posdoctoral de la FAPESP y uno de los autores del trabajo.

El estudio también contó con financiación a través del Centro de Investigaciones e Innovación en Gases de Efecto Invernadero (RCGI) −un Centro de Investigaciones en Ingeniería (CPE, en portugués)  constituido por la FAPESP y la compañía Shell en la Universidad de São Paulo (USP)– y de un Proyecto Temático vinculado al Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales (PFPMCG).

En un texto publicado el año pasado en la revista Science, el investigador ya había advertido que la creciente deforestación en las TI se erige como una amenaza al cumplimiento de las metas brasileñas (lea más en: agencia.fapesp.br/38441/). En el Acuerdo del Clima de París, Brasil asumió la meta de recuperar 12 millones de hectáreas de selva para 2030 y se comprometió a neutralizar las emisiones de carbono para 2050.

En un tercer estudio realizado por una parte de los científicos del mismo grupo, ya se había mapeado otra amenaza: el avance de la minería en tierras indígenas de la llamada Amazonia Legal, un área creada por el gobierno de Brasil con fines de protección ambiental que abarca a los nueve estados en cuyos territorios existe el bioma amazónico. Hubo un incremento de esta actividad de un 1.217 % durante los últimos 35 años, que pasó de 7,45 km² ocupados en 1985 a 102,16 km² en 2020.

De acuerdo con dicho trabajo, casi la totalidad (el 95 %) de esas áreas de actividad ilegal de garimpeiros se concentra en tres TI: Kayapó, seguida por Munduruku y Yanomami, situadas en los estados de Pará y Roraima (lea más en: agencia.fapesp.br/40706/).

Concentración

La investigación objeto de este artículo periodístico muestra que en el 42 % de las TI analizadas se registró un alza del índice de deforestación, y en 20 de ellas la tendencia fue más significativa. Entre estas últimas, la TI Arara registró la menor tasa (0,02 km² anual), mientras que Apyterewa registró la mayor (8,58 km² al año). Ambas se ubican en el estado de Pará.

Por otra parte, en el 11 % de las áreas analizadas se redujo el desmonte, y en cinco lo fue más significativamente. Entre ellas se encuentra la TI Alto Turiaçu, en el estado de Maranhão, donde viven alrededor de 1.500 indígenas de los pueblos Awa Guajá, Ka’apor y Tembé.

“El foco del estudio apuntaba a mostrar los riesgos que las tierras indígenas vienen padeciendo. Pero un costado interesante fue también ese de la disminución. Sabemos que, en el caso del estado de Maranhão, por ejemplo, los indígenas lograron ese resultado positivo porque poseen iniciativas propias de combate contra el desmonte ilegal: grupos que trabajan como guardianes de la selva”, afirma Silva-Junior.

El profesor subraya que la multidisciplinariedad del equipo de investigadores, con la participación de dos antropólogos –Maycon Melo, del Programa de Posgrado en Medio Ambiente de la Universidad Ceuma (Maranhão), y Bárbara Maisonnave Arisi, de la Vrije Universiteit, de Ámsterdam (Países Bajos)–, hizo posible contar con distintas miradas sobre el tema.

Recomendaciones

Al final del artículo, los investigadores dejaron seis recomendaciones con miras a contribuir al perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a evitar el avance de la deforestación en esas áreas.

Son ellas la revocación de las leyes y normas que causaron retrocesos ambientales, el fortalecimiento de las instituciones de fiscalización y la creación de zonas de amortiguación de 10 km entre las TI y en áreas de explotación mineral o de proyectos de alto impacto, aparte de la cancelación de todos los CAR (Registros Ambientales Rurales, en portugués) dentro de las TI.

Proponen también el apoyo a iniciativas que promuevan la agricultura y otras prácticas sostenibles de uso de la tierra, lo que incluye proyectos de restauración de ecosistemas, y el fortalecimiento del monitoreo mediante teledetección, con inversiones en el desarrollo de nuevos sistemas que comprendan mejoras en la frecuencia y en la escala.

Por último, los científicos plantean el fortalecimiento de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el organismo federal responsable de asegurar los derechos de los pueblos originarios, con la sugerencia de una mayor financiación y la contratación de personal. Este año, por primera vez, la Funai tiene en su presidencia a una indígena, la abogada Joenia Wapichana.

Luciana Constantino

Vía

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