- Lo mejor de los medios
- Posts
- Academia de periodismo: haz lo que yo digo…
Academia de periodismo: haz lo que yo digo…
La Academia Nacional de Periodismo elaboró y dio a conocer recientemente un documento titulado “Los 20 principios permanentes del periodismo”. Fue presentado como “una guía imprescindible para ofrecer claridad ante la confusión y la incertidumbre en momentos en los que prima la disrupción y la inmediatez”. El texto emitido por la entidad que preside Joaquín Morales Solá apunta, según explicaron, “a aquellos que inician con esperanza su carrera periodística”. Aunque la mayoría de las propuestas señalan lugares comunes de la buena práctica profesional, se dan de bruces contra lo que ocurre en la realidad diaria en los medios de comunicación donde se desempeñan, incluso, en cargos directivos varios de los miembros de la Academia. El documento en esos casos se transforma en una suerte de declaración bajo el signo “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. No pude evitar la tentación de sumar mis observaciones críticas sobre cada punto con la intención de ampliar un debate que considero imprescindible.
La viga maestra del periodismo profesional, independiente, ejercido de manera honesta, es una información basada en la verdad.
Entiendo que el texto hace referencia a la llamada “verdad de los hechos”, es decir la coincidencia directa entre lo que se afirma y lo que se cuenta. Los firmantes de los “20 principios” saben perfectamente que desde hace tiempo la verdad dejó de ser una prioridad en el proceso de la comunicación masiva en la Argentina. En especial desde que los medios participan de manera abierta y activa en la pelea política. Si hay que elegir una fecha de ruptura de los códigos tradicionales a la hora de informar, podemos ubicar ese quiebre en 2008 en el conflicto entre el gobierno y las entidades que representan a los productores agrícolas.
En ese año se profundizó la pelea entre el kirchnerismo y el grupo Clarín. Y como en toda guerra, la primera víctima fue la verdad. Desde entonces no importa que algo sea cierto, es más relevante que esa información u opinión “afecte al enemigo”. Fue por entonces que apareció el programa 678 en la televisión pública y varios medios fueron adquiridos por empresarios amigos del oficialismo para “defender la gestión”. Los grandes grupos privados redoblaron la apuesta: las campañas y operaciones periodísticas anti gobierno se hicieron habituales. Este proceso que, inevitablemente, degrada los productos periodísticos continúa hasta hoy en todo su esplendor. La grieta se transformó en un negocio con cómplices inesperados: no son pocos los consumidores de información que sólo buscan confirmar sus prejuicios. Para el lector, oyente o televidente es en un desafío determinar qué, de todo lo que se emite, es verdadero.
El rol del periodismo en la democracia del siglo XXI es informar, opinar, y hacer rendir cuentas a todos los poderes. La información es un derecho, no una mercancía.
En las democracias del siglo XXI el poder de los gobiernos no suele ser mayor al de los grandes grupos concentrados de la economía. Por consiguiente, el periodismo no sólo debe controlar a las instituciones de la democracia, sino también al poder económico. Los grandes hechos de corrupción suelen involucrar a dirigentes políticos y a empresarios, pero los medios y la justicia suelen ocuparse sólo de los primeros. El periodismo cumple así una suerte de rol policial que jamás cuestiona al sistema, es lo que Martín Caparrós llama el “Periodismo Gillette”. (sugiero consultar su ensayo en el libro Periodismo: Instrucciones de Uso, editorial Prometeo)
Que la información es un derecho y no una mercancía, es una declaración de principios porque la información se vende desde hace un siglo. Lo que no debería estar en duda, desde el punto de vista ético, es que el consumidor de noticias tiene derecho a ser informado con la verdad y es ese derecho el que hay que tratar de garantizar. No es una tarea fácil. La tendencia mundial que ha llevado a empresarios de cualquier rubro a adquirir medios de comunicación obliga a las entidades periodísticas a estar alertas. Para determinar cuándo una información se publica por interés real y cuándo para conseguir algún negocio o prebenda para el dueño del medio. Se llegan a hacer campañas contra funcionarios para presionarlos a autorizar licitaciones públicas o algún negocio con el Estado. La lectura crítica se convierte en un ejercicio indispensable para detectar tales maniobras.
El periodista debe resguardar su independencia frente a los gobiernos de turno, otros poderes, las empresas privadas y sus propias audiencias.
En Argentina esta idea que es esencial a la buena praxis periodística se convirtió en excepción. Por razones económicas o de alineamiento político, la independencia periodística es una rareza. Al ritmo de la llamada grieta se consolidó una suerte de periodismo para la hinchada dónde sólo se comunica información y opinión que confirme los preconceptos que tienen las audiencias. El periodista, en estos casos, funciona como un predicador. Una tendencia lo demuestra: los políticos sólo brindan entrevistas en medios donde se sienten cómodos y con periodistas a los que consideran “amigos”.
Se recomienda distinguir la información de la opinión, incluso en las redes personales del periodista.
La recomendación es buena y antigua, pero se trata de una práctica que se fue perdiendo. Todos opinan en todos lados, lo que alguna vez era el final de la escalera profesional, ahora aparece como lo más fácil. Los presentadores de noticias, los panelistas, los locutores, los cronistas, etc. El fenómeno se trasladó a las Facultades de periodismo e institutos de formación, donde muchos estudiantes egresan con la capacidad de hacer una editorial, pero no saben resolver una crónica.
Las noticias deben estar separadas claramente del contenido esponsoreado por empresas, partidos políticos, asociaciones sociales o particulares.
La buena praxis lo indica, pero se complica cuando el periodista se convierte en empresario o productor comercial. En la actualidad con el formato de productoras o representantes se pueden disfrazar formas de dependencia con empresas o gobiernos. Una cosa es vender publicidad para sostener un proyecto periodístico y otra muy distinta cobrar de manera encubierta para callar sobre determinados hechos o alabar a funcionarios o empresas.
La libertad de expresión tiene una limitación de hierro: no incitar al odio ni a la violencia, de modo que deben evitarse las agresiones verbales o escritas.
Es difícil encontrar ateos ante esta afirmación, pero no deja de ser abstracta. Debería, en todo caso, estar acompañada de una autocrítica sincera de parte de la Academia. En los medios en los que se desempeñan o, incluso, tienen cargos de conducción varios de los firmantes de este documento, se expresan discursos de odio en forma permanente. Las diatribas suelen estar enmascaradas de apasionados editoriales donde la información suele brillar por ausencia. Hay, además, un público pequeño pero intenso que siempre pide más.
El periodista debe atribuir la información. Siempre que sea posible, debe identificar al emisor con nombre y apellido (“on the record”). Cuando la información es difundida por personas que no quieren identificarse (“off the record”), el periodista debe aportar datos que ayuden a evaluar esa información, siempre que no pongan en riesgo el compromiso de anonimato.
Esta consideración, tan antigua como la profesión, también quedó desvirtuada por el uso de la información con fines bélicos. Es común leer en los diarios argentinos atribuciones sin identificación no para proteger a las fuentes sino para enmascarar la propia opinión del autor de la nota. Recientemente he llegado a contar quince fuentes sin identificar en una nota de tapa. Hace diez o quince años esa nota a la que me refiero nunca se hubiese publicado. Es más, creo que el autor nunca se hubiese animado a llevarla ante su editor, pero estamos en la era del vale todo. Los periodistas que recurren a esta operación, en forma permanente, ocultan en esos comentarios sin identificar su propia opinión.
Los errores deben ser corregidos e informados a las audiencias lo más rápido posible.
Otra buena expresión de deseo. “Pido disculpas porque me equivoqué”, “doy derecho a réplica” y “No sé” están entre las frases menos utilizadas en el periodismo argentino.
El secreto profesional está protegido por el artículo 43 de la Constitución, no como un privilegio personal sino por su función en beneficio del derecho de la ciudadanía a ser informada de manera fidedigna, especialmente cuando se trata de información que los poderes intentan ocultar.
Publicar lo que el poder no quiere que se conozca, es la más clara definición de periodismo de investigación. El secreto profesional es clave para desarrollar esa tarea, pero bajo su invocación no se debería incurrir en prácticas cuestionables. Sobran ejemplos en los últimos años de artículos y programas de televisión construidos en base a información emanada de Servicios de Inteligencia no debidamente chequeada.
Antes de dar a conocer una información que pueda resultar acusatoria, se debe recurrir a las personas o entidades que son objeto de esa información, para que den su visión de los hechos.
Método tan correcto como poco utilizado en la actualidad. En la prensa gráfica esta práctica era básica, la exigían los Jefes de Redacción y los editores a sus redactores. Además, con esta consulta la nota mejora sustancialmente. Son pocos los periodistas que la aplican, porque ya nadie se los exige. Este chequeo podría hacer caer una nota que se pretende publicar sin importar si su contenido es cierto. “Cualquier cosa, lo aclaramos después”, dicen sin avergonzarse.
Deben evitarse los comentarios sexistas, racistas y los prejuicios de cualquier tipo; al igual que las generalizaciones que afecten a personas por su etnia, nacionalidad, ideología, religión, sexo, educación o condición económica, o que se basen en prejuicios de cualquier otra índole.
Me remito al punto 6 en cuanto a la falta de autocrítica de la Academia. Expresiones de este tipo abundan en los medios.
El periodismo profesional rechaza el plagio, los sobornos, las extorsiones y otras prácticas similares. Ningún periodista debe aceptar pagos, retribuciones, dádivas ni privilegios que pudieran influir en el contenido de su trabajo.
Durante años se utilizó el mito del periodista que recibe un sobre con dinero. Es la chicana elegida por unos y otros, a ambos lados de la grieta, para descalificar a quien publica información que no agrada. Se convirtió en un agravio muy extendido en las redes sociales. Para comprar una información, incluso, la opinión de un comunicador, no hacen falta los sobres. Se puede lograr vía publicidad (ver el tema periodista empresario más arriba), con el pago de servicios que no se hicieron (encuestas o estudios de opinión) o contratos de otro tipo.
La búsqueda de primicias no justifica poner en riesgo la vida de una persona, entrometerse en el trabajo de la Policía en una toma de rehenes, ni obstaculizar la labor de los jueces de manera deliberada.
Aquí sólo sumo una pregunta: ¿Cuenta como “obstaculizar la labor de los jueces de manera deliberada”, invitarlos a pasar un fin de semana en Lago Escondido?
Los periodistas darán cobertura a las noticias de interés público de una sociedad democrática. Las personas públicas están sometidas a un mayor escrutinio, pero sus vidas privadas sólo serán de interés cuando afecten al bien común, al uso de los recursos del Estado, a la vida de otras personas, de manera directa o indirecta, o cuando ellas mismas las expongan.
Hay varios ejemplos de la utilización pública de la enfermedad de familiares de dirigentes políticos en los últimos meses en programas de televisión y en gráfica, a pesar de que esas informaciones carecían de interés periodístico.
En toda noticia se respetará el principio constitucional de inocencia de las personas hasta que el fallo confirme la culpabilidad. No se publicarán fotos ni nombres de menores de edad vinculados a causas judiciales.
La llamada grieta hace que este principio de inocencia se respete sólo cuando el involucrado es alguien que es cercano políticamente al medio de comunicación o al periodista. Si se trata de alguien ubicado en la vereda de enfrente no se respeta y listo. Los principios constitucionales y los derechos básicos de las personas, deben garantizarse a quienes menos nos gustan, hacerlo con quienes nos agradan es muy fácil.
El uso de cámaras, micrófonos ocultos u otros métodos no convencionales para lograr datos u obtener testimonios puede ser utilizado sólo cuando se viera involucrado un bien o valor público mayor al derecho a la intimidad de las personas; y, además, cuando se hayan agotado los métodos convencionales de búsqueda de información.
Correcto, pero el concepto de desvirtúa cuando se habilita el vale todo por cuestiones empresarias o políticas.
Las fotografías y los videos deben ser auténticos. Si se realiza un montaje con fines ilustrativos se debe explicitar claramente que se trata de una recreación.
Algo esencial, en especial en momentos en que la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos extendieron las posibilidades de manipulación de imágenes a límites insospechados. El desafío futuro será saber qué, de todo lo que recibimos en nuestros dispositivos electrónicos, es realmente cierto y que no. El chequeo de información cada vez será más relevante.
Los periodistas deben dar a los datos que les lleguen a través de las redes sociales u otros canales digitales el mismo tratamiento de verificación y contrastación que aquellos surgidos de las fuentes tradicionales de información.
Este punto debería completarse con las nuevas dificultades que se presentan para la verificación de datos por las pésimas condiciones laborales. La precarización de los periodistas y la falta de recursos humanos en las redacciones, en especial en las online, conspiran contra la calidad de los productos. No se suele salir a la calle a buscar información y, se convirtió en una rareza, el chequeo telefónico. Un periodista puede llegar a publicar hasta cincuenta noticias en una jornada. Para “no llegar tarde”, se suele confiar en lo que publica la competencia digital o la televisión y se han dado casos de información errónea publicada por varios portales a la vez. La búsqueda desesperada por el click y la primicia también inducen a errores
Las buenas prácticas periodísticas se recomiendan no sólo para la tarea que los periodistas realizan en los medios sino también para la actividad que desarrollan en sus propias redes sociales.
El periodismo es una actividad full life, no se deja de ser periodista cuando se abandona el estudio o la redacción, por la misma razón si se trabaja mal en un medio tradicional también se lo hará mal en las redes sociales.
Es obligación de los periodistas respetar las leyes y el sistema que fundamenta y protege nuestra profesión, la democracia republicana, garantía del pluralismo y el respeto a las minorías. Un debate democrático es el que admite la pluralidad de voces y miradas que conviven en una sociedad.
Si el debate sobre la buena praxis profesional no está acompañado de autocrítica, estará condenado al fracaso. La falta de pluralidad de voces y de actores ha caracterizado a la Academia Nacional de Periodismo desde su fundación. Se trata de una organización cerrada, más representativa de las empresas que de los periodistas, a la que no se le conocen aportes sustanciales para el mejoramiento de la calidad profesional. Apenas hubo modestos avances en los últimos dos años con la incorporación de nuevos miembros que, según cuentan, abrieron alguna discusión en su interior. Ojalá que el presente documento implique algo más que un gesto vano.
The post Academia de periodismo: haz lo que yo digo… appeared first on Periodismo . com.