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El mando militar de EE.UU. en Irak planteará a Bush un cambio de estrategia. Rumsfeld podría enfrentar cargos
Luego de la abrumadora derrota electoral que le hizo perder al presidente estadounidense, George W. Bush, el control de las cámaras legislativas, y tras la renuncia del Ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, los altos mandos militares le llevarán al primer mandatario una propuesta para un cambio de rumbo en Irak.
Durante los años de gobierno de Bush, su política ha sido la de negarse a discutir sus decisiones con la oposición o con funcionarios que no sean los de su Gabinete de Ministros. La derrota del 7 de noviembre obligó a replantear su estrategia de gobernabilidad y abrir una mesa de diálogo para coordinar un nuevo plan para resolver el estancamiento que sufre el proceso de intervención en Irak y Afganistán.
El Grupo de Estudio sobre Irak, a cargo del ex Secretario de Estado James Baker III y el ex congresista demócrata Lee Hamilton, deberá presentar un informe con recomendaciones precisas, antes de fin de año. Además, los miembros del grupo mantendrán reuniones de trabajo con Bush, su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el saliente ministro Rumsfeld, el Director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, y varios funcionarios más.
La idea es crear consenso con los sectores opositores, especialmente el militar (que exigió la renuncia de Rumsfeld desde hace casi un año), para sacar el proceso de intervención militar en Medio Oriente del estancamiento en que se encuentra: los táliban han recuperado el control en gran parte de Afganistán e Irak se encuentra sumida en el caos, por los enfrentamientos entre chiítas y sunitas.
En tanto, Rumsfeld podría ser juzgado por un tribunal internacional con sede en Alemania, por su responsabilidad en la instalación de centros clandestinos de detención en Abu Ghraib y Guantánamo, y la violación sistemática de los derechos humanos dentro de ellos. El mismo Rumsfeld autorizó la aplicación de torturas para la extracción de información.
La denuncia fue presentada por un grupo de abogados defensores de los derechos constitucionales, con sede en Estados Unidos, que aprovecharán la existencia de leyes alemanas que permiten jugar esta clase de crímenes en cualquier lugar del mundo. A pesar de ello, Estados Unidos no reconoce la pertinencia de ningún tribunal sobre sus ciudadanos, por lo que no podrá ser extraditado, en caso de ser encontrado culpable.