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Con la Ley de Medios promulgada, la oposición adelantó que buscará su reforma después de diciembre. El Gobierno niega querer estatizar Papel Prensa
En tiempo record, apenas horas después de aprobada en el Senado, la Presidenta Cristina Fernández promulgó la Ley de Servicios Audiovisuales. Tras el revés sufrido en la Cámara alta, la oposición adelantó que intentará introducirle modificaciones con la nueva conformación del Parlamento. En tanto, frente a algunos comentarios publicados en los diarios, el Gobierno salió a desmentir enfáticamente que esté pensando en tomar el control de Papel Prensa.
La rápida promulgación de la nueva Ley se conoció ayer a través de una infrecuente edición sabática del Boletín Oficial. En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernandez, se encargó de desmentir que el Gobierno esté pensando en intervenir Papel Prensa, la empresa distribuidora de papel de diario que es propiedad del Grupo Clarín, La Nación y del Estado.
En las últimas horas, varios medios publicaron versiones según las cuales el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, había deslizado la posibilidad de que el Gobierno tome el control sobre Papel Prensa. «No me consta», dijo ayer el Jefe de Gabinete mientras negaba que existiesen tales intenciones en el Ejecutivo nacional. «Si usted me pregunta si el Gobierno trabaja sobre un plan específico para estatizar Papel Prensa, no», insistió Aníbal Fernández, sin embargo aseguró que si esa empresa o «cualquier otra» cometieran acciones que lesionaran «derechos de necesitados de su producto, sí va a actuar el Estado».
Horas después de que la Ley de Servicios Audiovisuales sea aprobada sin modificaciones (con respecto a la media sanción) en el Senado, los bloques de la oposición salieron a advertir que después de diciembre, con la nueva conformación del Parlamento, buscarán introducirle las modificaciones que no pudieron hacerle en la maratónica sesión del viernes.
Algunos medios, en tanto, anticiparon que recurrirán a la Justicia para hacer valer lo que entienden que son «derechos adquiridos» violentados por la nueva normativa. El oficialismo, por su parte, se mostró confiado en que tales presentaciones serán desestimadas por «improcedentes».